La última cruzada del Gobierno de Rajoy parece ir dirigida contra la descentralización y la aproximación de los servicios a los ciudadanos. Pero en este frente no quedan muchos soldados. Más allá de la disciplina de partido, la nueva Ley de Racionalización de la Administración Local cuenta con pocos defensores, y el apoyo es tibio incluso entre los alcaldes "populares".
Para Canarias, el daño de esta centralización se intuye todavía mayor, habida cuenta de las dificultades añadidas con que cuentan las Islas para acceder a las instancias superiores, máxime, si hablamos de las islas menores. Resulta evidente que quienes redactaron la nueva norma ni tan siquiera se acordaron de dejar constancia en ella de la importancia y el carácter de los cabildos, y no fue hasta la aprobación de la enmienda presentada por Narvay Quintero (senador nacionalista y herreño), cuando las corporaciones insulares fueron de nuevo tenidas en cuenta más allá de su consideración de entidades similares a las diputaciones.
Esta es la frágil base sobre la que el legislador ha pretendido "racionalizar". Sin ni tan siquiera poner los cimientos administrativos que tan claramente reconoce la Constitución. No es de extrañar que alcaldes como el de La Orotava, Francisco Linares, a la espera de tener confirmación acerca de los pormenores de la norma, no titubeen al señalar que es, cuando menos, "inmoral y poco ética". Y lo argumenta con sencillez y contundencia: "No puede ser moral ni ético secuestrar las competencias a los municipios, sobre todo en temas tan trascendentales como los servicios sociales, educativos, culturales u otros básicos para cualquier sociedad del siglo XXI".
La nueva ley se ha "vendido" a la ciudadanía desde el punto de vista del ahorro, y se han hecho serios esfuerzos por divulgar la cuestión de la regulación de los sueldos de, por ejemplo, alcaldes y concejales. Y se diría que cualquier político que se opone a ella no pretende sino eliminar cualquier control en el despilfarro que, en ocasiones, se da en las corporaciones. Sin embargo, este es, precisamente, uno de los pocos puntos en los que parece haber acuerdo. Así, en el caso de Linares, el nacionalista deja claro que desde su partido nunca ha habido oposición al control y baremación de los sueldos, y por eso este apartado de la ley fue aprobado unánimemente desde el principio. Además, aclara que, en el caso de La Orotava, "no nos ha afectado en absoluto, ya que nuestros sueldos estaban todos por debajo de los baremos de la nueva ley; este ayuntamiento siempre ha tenido sueldos públicos racionales y moderados", asegura.
En el mismo sentido se manifiesta el senador de Coalición Canaria por El Hierro Narvay Quintero, quien, de acuerdo con la necesidad de una regulación en los salarios, entiende que, además de haberse establecido en función sólo del número de habitantes, también podrían haberse tenido en cuenta otros aspectos, como la dispersión geográfica, de forma que se incluyeran parámetros más ajustados a las necesidades y realidades de los municipios.
Frustración
El sentimiento de frustración ante esta ley, aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular, es palpable en muchos ayuntamientos. Francisco Linares lamenta que su único objetivo es el ahorro económico y la no duplicidad de servicios, lo que la convierte en "una norma perversa muy mercantilizada, cuando los servicios sociales no se pueden ni se deben exclusivamente cuantificar, sino que, en ocasiones, estos servicios deben estar duplicados, porque lo impone lo necesidad".
Linares argumenta que el área de Bienestar Social de un ayuntamiento económicamente siempre va a ser deficitaria, por lo que "determinados servicios públicos deben ser mantenidos exclusivamente con los impuestos de todos y nunca se pueden prescindir de ellos". El alcalde la Villa no alberga dudas sobre los efectos de la ley: "En el fondo de esta norma se puede encontrar una vuelta al centralismo estatal, al control desde el aparato del Estado, a tener que volver a solicitar permiso por todo y quitando de forma dramática libertades y capacidades de acción a la autonomía municipal".
La nueva ley de la Administración Local prioriza el ahorro frente al bienestar y genera frustración en los ayuntamientos
Preguntado por la forma en que afectaría la aplicación de esta ley en Canarias, en el caso de que no prosperase el recurso de inconstitucionalidad, Francisco Linares se muestra preocupado: "Perderíamos libertad de acción municipal, autonomía en la gestión y autogobierno local, y sería un golpe de muerte para la municipalidad, una pérdida de competencias para los ayuntamientos, que sufrirían fundamentalmente los vecinos".
Linares y Quintero coinciden al señalar quelos cambios que pretende traer la nueva norma ya han estado a punto de ocasionar la desaparición y cierre de centros y concejalías muy importantes. La ley, por ejemplo, impide el mantenimiento de escuelas municipales, planes de becas, actividades extraescolares o casas de Juventud en los ayuntamientos donde no se cumplen unos parámetros económicos de solvencia muy exigentes. Así, dice el alcalde villero, "en los Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, la situación se agrava aún más, con una merma muy importante en el área de Bienestar Social, esto es, en las ayudas sociales a los vecinos, lo que resulta total y absolutamente irracional e ilógico".
Tal y como explica Narvay Quintero, que a los ayuntamientos se les quiten las competencias básicas, por ejemplo, en servicios sociales, parece un gran paso atrás. Y debería ser, asegura, en todo caso, bien al contrario: "Habría que quitarle ciertas competencias a las comunidades autónomas para darlas a los ayuntamientos, porque son los que tratan directamente con los ciudadanos". De no ser así, explica, como los municipios no van a poder negarse a atender necesidades básicas de sus ciudadanos, pues sería inhumano, se verán obligados a hacerlo con fondos propios, y eso no tiene sentido".
Llevar ese tipo de competencias a niveles superiores parece un gran sinsentido, sobre todo, porque existen casos en los que la duplicidad es conveniente, por ejemplo, parece lógico que los ayuntamientos asuman también servicios aunque no sean rentables, como por ejemplo, en Canarias, el agua, donde hay elevados costes de desalación y de elevación a las zonas altas. Ese sobrecoste no debería ser cargado a los ciudadanos, ni tampoco catapultado a una instancia superior por ser deficitario. La Ley de Racionalización de la Administración Local no parece racionalizar nada, sino, más bien, volver al centralismo y primar el ahorro frente al bienestar ciudadano.
Se entiende, pues la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Canarias, Cataluña, Andalucía y Asturias; los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, y 130 diputados socialistas, de Izquierda Plural, UPyD y del Grupo Mixto. Sin olvidar el recurso registrado en julio por cerca de 3.000 ayuntamientos. No es para menos.
Fuente: http://www.canariascnnews.com